Este martes 14 de mayo, la Directora Nacional de ISL, Aída Chacón Barraza, participó en la Cuenta Pública de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), encabezada por la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana.
La actividad, realizada en el salón de la Contraloría General de la República, contó también con la participación del Director del Trabajo, Pablo Zenteno, el director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou, representantes de las mutualidades de empleadores, de las cajas de compensación, de organizaciones sindicales y del Consejo de la Sociedad Civil de la SUSESO.
En la ocasión la autoridad destacó que, en materia de regulación, en el año 2023 se emitieron 17 circulares relativas a seguridad y salud en el trabajo (SST) y 37 vinculadas a temas de cajas de compensación, administración de fondos y beneficios sociales. Gana resaltó la importancia de la revisión constante de la normativa ya que, como Superintendencia, “nuestro objetivo es entregar mayor certeza a todos los actores: trabajadores, empleadores, supervisados y a nosotros mismo como fiscalizadores”.
En cuanto a labor fiscalizadora durante el año 2023, se desarrollaron 168 fiscalizaciones: 74 en materias de seguridad y salud en el trabajo, abarcando aspectos de las prestaciones preventivas, médicas y económicas entregadas por las mutualidades, ISL y administración delegada, y 94 fiscalizaciones realizadas por la Intendencia de Beneficios Sociales, respecto de Aporte Familiar Permanente, Ley SANNA, Crédito Social y otros beneficios.
En la oportunidad, la Superintendenta resaltó el aumento en el número de investigaciones a profesionales de la salud respecto de la emisión de licencias médicas sin fundamento médico que tiene por objetivo resguardar su correcto otorgamiento. “En el año 2023 la SUSESO realizó más de doble de investigaciones respecto del año 2022, donde el 81% de los sancionados fue solo con multa y el 19% con multa y suspensión de días de emisión de licencias médicas”.
Con respecto a los reclamos recibidos, al ser la Superintendencia la última instancia administrativa de reclamación en materias como licencias médicas, calificación de origen de enfermedades profesionales, entre otras, el año 2023 ingresaron 185 mil 216 reclamos, se emitieron casi 180 mil dictámenes o respuestas, de los cuales el 72,8% correspondió a materias de licencia médica, seguido por 12,2% referidas a seguridad y salud en el trabajo (Ley N° 16.744) y 1,6% respecto a regímenes de Cajas de Compensación. El tiempo promedio de respuesta fue de 71 días, el que se reduce a 50 días cuando la materia tratada es de licencias médicas, tiempo que a abril de 2024 se redujo a 37 días.
Al respecto la autoridad indicó que “sabemos que detrás de cada caso hay una persona y su familia que está a la espera de nuestra resolución de reclamación, sea esta favorable o no. Por esta razón estamos implementado una serie de proyectos para facilitar el proceso de reclamación, contando con formularios y canales más amistosos y claros; reducir los tiempos de respuesta y que nuestras resoluciones sean en un lenguaje claro y comprensible. Avanzar en estas materias nos llevará a una mejor atención y satisfacción de las personas que recurren a nosotros”, afirmó la superintendencia.
Por otra parte, y en el cumplimiento de su rol de difundir materias de la seguridad social, durante el año 2023 la Superintendencia publicó 5 informes anuales, 12 boletines estadísticos mensuales de seguridad social, 54 boletines históricos de seguridad social a partir del año 1967 al 2008 y la publicación de las plataformas de datos Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Subsidios Maternales. Además “en 2023 el número de personas capacitadas en materias de seguridad social fue de 22 mil 237, de las cuales un 65% correspondió a mujeres y un 35% a hombres”, precisó la autoridad.
En cuanto a los desafíos para este 2024-2025 la Superintendenta Gana recalcó que se seguirá avanzado en regulación, donde destacó la elaboración de los compendios normativos de licencias médicas y subsidio de incapacidad laboral, de bienestares del sector público y de asignación familiar y subsidio único familiar.
En materia de fiscalización se reforzará aquella basada en analítica y, por supuesto, uno de los principales desafíos es acortar los tiempos de respuestas de las reclamaciones para lo que se está trabajando en once proyectos estratégicos en alianza con más de doce entidades específicas como Laboratorio de Gobierno, Banco Interamericano de Desarrollo, Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda, Instituto Milenio, Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y Gob Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Créditos: suseso.cl
